A pesar de las medidas de confinamiento domiciliario debido a la pandemia, las cifras de casos de personas desaparecidas presenta una baja de solo un 11% con relación al año anterior. Los datos preocupan a la brigada especializada por la posible infra denuncia de casos de personas que viven más desconectadas de sus familias o redes de contacto.

Entre los años 2017 y 2018, los Detectives de la PDI recibieron un promedio de 9.964 decretos referentes a Presuntas Desgracias, a nivel nacional. Ello incluye las órdenes de investigar, instrucciones particulares y órdenes verbales emanadas del Ministerio Público para realizar diversas diligencias investigativas en casos de personas con quienes sus familiares o conocidos perdieron contacto en forma reciente y se desconoce dónde se encuentran, dando origen a la suposición de que pueden haber sufrido alguna desgracia física o psíquica. Por ello, también se les suele mencionar como personas perdidas.

En 2019, este número aumentó en un 14,51% respecto al mencionado promedio bianual. Ello implica que se investigaron 11.071 decretos, versus los 8.653 de 2018 y los 10.275 de 2017. Las cifras muestran una clara tendencia al alza.

Pero a partir de marzo, las recomendaciones sanitarias y medidas adoptadas por las autoridades para contener la propagación del COVID-19 apuntan a que las personas se mantengan en casa. Ello podría incidir en una menor cantidad de salidas del hogar en forma voluntaria, que es uno de los orígenes más frecuente detrás de gran parte de los casos investigados.

Las cifras muestran que al comparar los primeros 5 meses de los últimos dos años la cantidad de casos ha bajado en un 11%. Si en 2019 el total de ellos hasta el 31 de mayo fue de 4.564, en el mismo período de 2020, fueron 4.062. Una diferencia de 502 decretos.

El análisis que realizan de estas cifras en la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, Briup, como unidad especializada en la investigación de Presuntas Desgracias, apunta a dos frentes: la baja en la denuncia y las causas probables de las desapariciones, pese al confinamiento.

En el primer punto preocupa a los investigadores que exista una pérdida de contacto o falta de información entre las personas que pudieran hacer una denuncia y las potenciales personas extraviadas. Ello como efecto del distanciamiento social por las cuarentenas.

En el segundo caso, los conflictos internos en grupos familiares podrían verse acentuados por múltiples factores que han afectado a las personas durante los meses recientes.  A modo de ejemplo, el jefe de la Briup, subprefecto Manuel Fuentes menciona: “con los centros de educación cerrados, los estudiantes están más en la casa con mayor riesgo de conflictos propios de la edad o de maltratos, lo que los puede llevar a abandonar sus hogares. En personas adultas, también hay violencia intrafamiliar asociada, donde los afectados se van para evitar esas situaciones”.

Los motivos que originan una presunta desgracia están estrechamente asociados al ciclo vital, por lo que, para efectos de análisis, la Briup, suele agrupar los casos por grupos etarios. Este 2020, del total de personas extraviadas, 1.552 tienen menos de 17 años; 2.288 entre 18 y 64 años y, 222,  65 años o más. La región con más denuncias es la Metropolitana, con 1.265 casos, seguida por el Biobío, con 527 y Valparaíso con 501.

En esta línea, el subprefecto Fuentes precisa algunos de los motivos más comunes por rango de edad. “En caso de adolescentes está la rebeldía y la violencia. Las personas mayores tienen problemas conyugales, casos de alcoholismo y depresión. Además, hay muchas personas que están perdiendo sus trabajos y eso los agobia”.

En cuanto a los resultados de las investigaciones, entre 2017 a 2019, se han indagado 29.999 decretos a nivel nacional, y en un 93% de ellos se ha logrado ubicar a las personas extraviadas, quedando un total 2.099 casos en proceso. Entre enero y mayo de este año, se han resuelto un 90% de los casos, mientras que el 10% restante, que se traduce en 411 investigaciones, aún están vigentes.