Con la firma el Director General, Héctor Espinosa, se aprobó, el pasado 19 de junio, el procedimiento de actuación que recoge los aprendizajes y mejores prácticas en la investigación de delitos contra los Derechos Humanos de la institución, estableciendo en forma clara y específica la metodología a seguir.

En el año 2007 con la creación de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos, la Policía de Investigaciones se convierte en pionera en Iberoamérica en la investigación profesional de estos hechos, que han sido perpetrados por personas que son parte de distintas instituciones del Estado. Con el funcionamiento de esta unidad especializada se consolida la labor que, desde abril de 1991 desarrollaron diferentes equipos de detectives.

En todos estos años de investigación de delitos de tortura, apremios ilegítimos y otros tratos crueles o vejatorios, cometidos antes pero también después de 1990, se ha acumulado una metodología científica que se ha ido afinando y perfeccionando, y que hoy se oficializa por medio de este procedimiento, representando un hito institucional, toda vez que somos la única policía de la región que cuenta con un instrumento de este tipo, ya que si bien, hay policías en el continente que cuentan con unidades de Derechos Humanos, éstas no se dedican a la investigación criminal de este delito (tortura), sino que más bien, se orientan a la prevención de este ilícito, educando en materias de este tipo. 

Distinta es nuestra realidad, donde la PDI, a través de esta brigada especializada, realiza investigaciones por crímenes de lesa humanidad y violaciones a DD.HH., por lo que un procedimiento que oriente estas indagatorias y que además se enmarca en el tipo penal de tortura vigente en nuestro país, constituye un avance significativo para la acreditación en la investigación de estos ilícitos, lo que va en concordancia con las disposiciones consagradas en el derecho internacional de los Derechos Humanos.

En ese contexto, el jefe nacional de Delitos Contra los Derechos Humanos y las Personas, prefecto Juan Carlos Carrasco, explica, que si bien la Brigada de DD.HH. aplica desde hace tiempo este procedimiento en cada una de sus investigaciones con los más altos estándares, “se hacía necesario oficializarlo, por esta razón tras la visación de la Inspectoría General, se compartió con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, ente certificado y referente a nivel latinoamericano en esta materia que posee una visión pluralista, transversal y carente de toda ideología en los derechos humanos”.

Hay que dejar en claro que los delitos de este tipo son complejos y especialmente muy sensibles para las víctimas. “Es por eso que para nosotros era fundamental contar con un procedimiento con estricto rigor, objetividad y profesionalismo, que nos permita investigar cada vez mejor, respondiendo además a los requerimientos del Ministerio Público, Tribunales de Justicia y la ciudadanía”, señala.

Respecto al resultado de las pesquisas, explica que “así como se esclarecen hechos también se descartan con la misma objetividad y profesionalismo. Hay que tener en claro que la evidencia con que se puede enjuiciar también podemos exculpar”. En esa dirección, el prefecto Juan Carlos Carrasco asegura que en Chile “nadie tiene el privilegio de no ser investigado”.