Ad portas de la entrada en vigencia de la segunda etapa de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbada se llevó a cabo, en forma virtual, la investidura de los 141 nuevos profesionales capacitados para llevar a cabo estos procesos y que se desempeñarán en las regiones de Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

La ceremonia telemática, realizada el 27 de mayo, fue encabezada por las máximas autoridades del Ministerio Público y la PDI, fiscal nacional Jorge Abbott y Director General Héctor Espinosa, junto con la directora de Derechos Humanos y Familia de Carabineros de Chile, general Karina Soza.

Por parte de la Policía de Investigaciones son 28 los investidos en esta ocasión,  llegando a la fecha a un total de 65 entrevistadores y 4 instructores, todos los cuales han sido especialmente formados para entrevistar a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, con el fin de resguardar su participación en el proceso penal.

Junto con felicitar a todas las instituciones involucradas en esta iniciativa, la máxima autoridad de la Policía Civil destacó que “estamos dando pasos concretos y sustantivos para frenar de una vez la victimización secundaria y las secuelas que ésta deja en nuestros niños, niñas y adolescentes; con el único objetivo que sus voces no se transformen nunca en gritos en el silencio”.

También precisó que “la PDI desde el año 2018 comenzó a realizar cambios sustanciales, tanto en la forma procedimental de enfrentar esta ley, como en infraestructura. Pero, sobre todo, en cuanto a la conducta que debemos tener hacia las víctimas. Fue así como en octubre de ese año, inauguramos el primer Centro de Entrevista Investigativa Videograbada (CEIV) dependiente de una policía latinoamericana, estableciendo un nuevo paradigma en cuanto a cómo recibir y escuchar a una víctima de delitos graves y violentos”.

En esta misma línea, la comisaria Nataly Fernández, del CEIV detalló que conforme a los requerimientos de la Ley 21.057, se han destinado recursos para construir y/o modificar los complejos policiales, proveer salas para la realización de este tipo de entrevistas y  contar con espacios diferenciados,  que han sido especialmente acondicionados para acoger a las víctimas y sus familias”.

En cuanto a la labor de los entrevistadores explicó que ellos definen y formulan preguntas sobre la base de una metodología que ha sido  probada internacionalmente. Son preguntas principalmente abiertas que evitan introducir elementos sugestivos al relato. De esta manera, se aborda la temática investigativa “en un contexto adecuado y en un espacio especialmente acondicionado para su atención, previniendo la victimización secundaria y generando un proceso más transparente”, preció.

Con la entrada en vigencia de la segunda etapa, el próximo 3 de junio, los nuevos entrevistadores se suman al trabajo ya implementado en las regiones incluida en la primera fase: Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Maule; Aysén, y Magallanes.

A la fecha se han concretado más de mil entrevistas: 447 en la Región Metropolitana y 595 en regiones.